Abogados penalistas urgentes en Madrid para asistencia inmediata

La detención tiene dos límites, uno causal y uno temporal.

Primero, respecto del límite causal, la detención preventiva sólo puede durar el tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Segundo, en todo caso, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial dentro del plazo máximo de 72 horas.

Ese límite aparece tanto en el artículo 17 de la Constitución como en el artículo 520 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para determinados supuestos del artículo 520 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal, cabe prórroga de hasta otras 48 horas, pero solo en los casos legalmente previstos y con autorización judicial motivada.

Sí. Entre los derechos del detenido está el de que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.

Si se trata de un extranjero, tiene además derecho a que se comunique a la oficina consular de su país.

Depende de la evolución de las diligencias, pero en esencia hay tres salidas posibles dentro del marco legal: puesta en libertad, puesta a disposición judicial o continuación de medidas legalmente acordadas por el juez si ya se entra en fase judicial.

Durante la detención, la policía o autoridad actuante debe informar de derechos, permitir la asistencia letrada en los términos legales y practicar las diligencias imprescindibles. Si se supera el plazo legal sin libertad ni puesta a disposición judicial, puede entrar en juego el habeas corpus por detención prolongada ilegalmente.

En términos prácticos, desde el primer momento: en cuanto se produce la detención, una citación para declarar, una conducción a comisaría o cualquier actuación que pueda desembocar en declaración policial o comparecencia judicial.

Jurídicamente tiene sentido porque la asistencia letrada forma parte del derecho de defensa y porque el abogado interviene no solo en la declaración, sino también velando por la correcta información de derechos, la constancia de incidencias y la entrevista reservada con el detenido al término de la diligencia, salvo limitaciones legales como la incomunicación.