Abogados de civil en Madrid para resolver conflictos legales con claridad, cercanía y eficacia

Es una propuesta formal de solución enviada exclusivamente por un abogado a la otra parte para intentar cerrar el conflicto antes del pleito. La ley exige que el envío y la aceptación permitan acreditar la identidad de quien la formula, su recepción efectiva, la fecha y el contenido. Si la otra parte la acepta expresamente, obliga a cumplir lo ofrecido; si la rechaza o no la acepta en el plazo de un mes —o en el plazo mayor fijado por quien la formula—, decae y se entiende cumplido el requisito previo para acudir a juicio. Además, tiene carácter confidencial.

En sede judicial, con carácter general sí, pero no son obligatorios en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros siempre que el tipo de procedimiento se determine en base a la cuantía. En la fase previa de negociación, la asistencia letrada es en principio potestativa, aunque la oferta vinculante confidencial exige abogado cuando se use como medio previo, salvo que la cuantía no supere los 2.000 euros o una ley sectorial disponga otra cosa.

Las costas son los gastos procesales que pueden imponerse a una de las partes, como honorarios de abogado, procurador, peritos u otros desembolsos del proceso. En primera instancia, la regla general es que las pague la parte que vea rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie y razone que existían serias dudas de hecho o de derecho.

Por regla general, las sentencias civiles son apelables. La excepción más conocida es la de las sentencias dictadas en juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supera los 3.000 euros, que no tienen recurso de apelación. Los recursos extraordinarios, como la casación, dependen ya del tipo de resolución y de requisitos técnicos específicos.

Con carácter general, esta es una de las preguntas más difíciles de responder, porque la duración de un procedimiento civil depende en gran medida del órgano judicial que conozca del asunto, su carga de trabajo, la complejidad del caso, la necesidad de practicar prueba y la existencia o no de recursos. En la práctica, no existe un plazo único aplicable a todos los procedimientos.

Además, desde 2025 se está implantando en España el nuevo modelo de Tribunales de Instancia, que sustituye progresivamente a los antiguos juzgados unipersonales. Esa implantación se está realizando de forma escalonada a lo largo de 2025, con transformaciones previstas en distintas fechas, entre ellas el 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Este cambio organizativo busca una mayor eficiencia del servicio público de Justicia, pero eso no significa que todos los procedimientos vayan a resolverse de inmediato en menos tiempo.